Este proyecto comenzó a ser elaborado en el año 2013 y fue presentado en el Congreso de la Nación de Argentina desde el año 2016, en cuatro oportunidades. El mismo planteaba una reforma a la anterior ley, la 23.798.
En noviembre del 2016 el Diputado Nacional Jorge Rubèn Barreto presentó el expediente 6139-D-2016, obteniendo dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud en el año 2017 el cual perdió estado parlamentario. Lo mismo sucedió con el expediente 3550-D-2018 presentado por la Diputada Nacional (MC) Fernanda Raverta.
Luego fue representado por la Diputada Ana Carolina Gaillard en los años 2017 y 2020. El Proyecto de ley presentado fue el de dicho dictamen logrado durante el año 2021, con algunas adecuaciones menores, ya que el mismo refleja el estado de los consensos logrados para la mejor implementación de este nuevo modelo de abordaje integral e intersectorial al VIH, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y las ITS, y con perspectiva de derechos humanos.
A principio de 2016 llegan al Congreso un grupo de madres de usuarios de cannabis, que en su mayoría presentaban epilepsia refractaria, que reclamaban una ley que estableciera el uso legal del aceite de cannabis para el tratamiento de sus hijos. Informan que hasta el momento lo importaban de Estados Unidos (Charlotte Web) y en otros casos lo cultivaban con el riesgo de ser detenidas por poseer cultivos ilegales (art 5. Ley 23.737, que establece pena para cultivo que se asemeja a la de los narcotraficantes de 4 a 15 años.) A partir de allí, se armó una agenda de trabajo para abordar el tema desde la Comisión de Salud Pública y Acción Social que presidía Carolina Gaillard, comenzando con reuniones informativas para escuchar a los y las protagonistas y de esa manera instalar el tema. La dificultad para dictaminar en la Comisión radicaba en que la mayoría de los proyectos no poseían cabecera en Salud sino en Legislación Penal (excepto el proyecto de la Diputada Donda). El motivo de esto, era porque la mayoría de los proyectos modificaban algún artículo de Ley de estupefacientes y cuando no, primaba una mirada relacionando el tema a seguridad y no a salud al momento de dar los giros. No había voluntad del oficialismo que las Comisiones de Penal y Seguridad se abocaran al tema. Por lo que la Comisión de Salud tomó los diferentes proyectos de ley con estado parlamentario para armar un dictamen común y se empezó a trabajar el tema receptando las demandas de los y las usuarias y familiares.
El 26 de enero de 2023 la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la Diputada Ana Carolina Gaillard, dio inicio al proceso constitucional de Juicio Político y comenzó a tratar y considerar los catorce (14) pedidos de juicio político promovidos, por diputados/as y particulares, contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, por la causal de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de las funciones.
Como Presidenta de la Comisión, la Diputada Gaillard tuvo la responsabilidad de dar inicio al proceso sumarial, teniendo como objetivo primordial garantizar un proceso transparente, con observancia estricta de las garantías constitucionales, receptando en todo momento el acceso a la información y publicidad de todos los actos del proceso.
Cabe destacar que, a lo largo del proceso que se extendió desde el mes de enero a noviembre de 2023, los diputados y disputadas, junto a colaboradores, se llevó adelante un trabajo complejo de recolección de pruebas que demando un total de 26 reuniones, a las que se presentaron 65 testigos; y se logró la recopilación de prueba documental en 32 cuerpos.
Como conclusión podemos expresar que la Comisión de Juicio Político garantizó el debate sobre cada uno de los temas planteados, con acuerdos y disidencias, pero siempre respetando la voluntad de las mayorías.
La aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina fue un proceso histórico y significativo que culminó en diciembre de 2020. Esta ley garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación, y en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la persona gestante. A continuación, se detalla el proceso desde la presentación del proyecto por parte del Presidente Alberto Fernández hasta su sanción definitiva en el Congreso.
Carolina Gaillard, como presidenta de la Comisión de Legislación Penal, conjuntamente con las comisiones de Legislación General, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública, llevaron a cabo el plenario de Comisiones que elaboró el dictamen que luego se votó en el recinto.
